Publicado en Página Quince, La Nación, 28 de abril de 2016.

Hace unos días nos informó la prensa de que en Costa Rica hay cerca de 150.000 ninis (jóvenes entre los 15 y los 24 años que ni estudian ni trabajan).

Si bien son 10.000 menos que hace cuatro años, sigue siendo un porcentaje que merece atención (un 17% de la población joven). Casi la mitad (40%) sufre escasez de recursos y la mayoría de ellos viven en zonas rurales, dice el Informe Estado de la Región, del Programa Estado de la Nación.

Eso no sorprende porque la disparidad en casi todos los ámbitos del desarrollo social y humano entre las zonas rurales y urbanas, y entre la periferia y el centro del país, es enorme.

La presencia acentuada de ninis en los cantones costeros y fronterizos fue visibilizada también por el índice de progreso social (IPS) cantonal 2015.

El IPS muestra que las peores puntuaciones en la mayoría de los indicadores de necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades las obtienen esos cantones

Combinación de factores. No es este el espacio para ser específicos, por lo que debemos recurrir a la generalidad: mala calidad de vivienda, baja seguridad personal, alta incidencia de robos y homicidios, alto porcentaje de madres adolescentes, menor escolaridad promedio de las mujeres, menor matriculación en secundaria, menor cobertura de telefonía móvil, poco acceso a la cultura y a la recreación, por mencionar algunos problemas que enfrenta la población joven de esas comunidades.

El índice de pobreza multidimensional 2015, que abarca las dimensiones de vivienda, educación, salud, trabajo y protección social, mostró que la proporción de personas en condición de pobreza es el doble en zonas rurales (40,9%) que en zonas urbanas (20,6%).

Para mayor redundancia, el último Informe del Estado de la Educación, al analizar los factores que inciden en el rezago y en las disparidades dentro del sistema educativo, confirma muchos de esos datos y nos regala otros muy preocupantes: en los distritos rurales pobres es mayor la incidencia de hogares de clima educativo bajo que en el resto del país; la infraestructura y el mobiliario de los centros educativos es peor; y el porcentaje de hogares con acceso a Internet en los distritos rurales pobres es del 8% y en rurales no pobres es apenas del 15%.

En cuanto al nivel educativo de las personas mayores de 18 años en distritos rurales pobres el 83% no ha terminado el colegio, en los rurales no pobres es un 77% y en los urbanos es el 58% (también alarmante).

En los distritos rurales pobres solo un 7,5% de la población alcanza educación universitaria, en los rurales no pobres es un 12% y en los distritos urbanos es el 24,7%. Por supuesto que hay estudiantes que logran resultados buenos aun en condiciones desfavorables, pero son una minoría.

Otro grupo vulnerable. El contrario de los ninis son los jóvenes que estudian y trabajan; este grupo alcanza el 11,6% de la población entre los 15 y los 24 años, y es casi tan vulnerable como el de los ninis, pues si sus familias caen en dificultades económicas, deberán dejar de estudiar para aportar mayores ingresos.

Entonces, ni trabajar ni estudiar, o tener que trabajar mientras estudian y vivir en la periferia del país, es una combinación que ofrece un pronóstico muy reservado para casi un 30% de la población joven.

Estos datos son solo fragmentos del estado de la juventud costarricense. Pero son suficientes para hacernos comprender que se necesita una estrategia nacional integral para atender los retos relacionados con nuestros jóvenes, en especial con los que viven en pobreza y, particularmente, residen en zonas rurales y periféricas.

Los esfuerzos del Consejo de la Persona Joven, del Ministerio de Trabajo y del MEP para reducir la exclusión y la deserción estudiantil juvenil y conseguirles empleo a los muchachos son muy valiosos. Pero deben ser parte de una política pública transversal que incluya a los gobiernos locales y a todas las instancias que rozan la vida de los jóvenes: la CCSS, el Icoder, el Inder, el INA, el INVU, el sistema financiero, el IMAS, etc. y las ONG que atienden necesidades y problemas de la juventud.

Desinterés. El IPS cantonal nos da otro dato muy interesante: en los cantones costeros y fronterizos hay menor participación política que en el resto del país. No es de extrañar que un clima de bajo desarrollo humano y mayor pobreza multidimensional produzca escaso interés en la política, lo cual es un círculo absolutamente perverso, pues la escasa participación política fomenta la irrelevancia de estas comunidades en la definición de las políticas públicas.

Esto nos recuerda que hay otros actores muy importantes en la vida democrática del país y, particularmente, en la definición de política pública, que tienen gran responsabilidad: los partidos políticos.

¿Qué estrategias están proponiendo para ayudar a los ninis y a los jóvenes de zonas rurales y periféricas a mejorar su condición de vida y sus oportunidades? ¿Qué están haciendo para interesarlos e incorporarlos a la política fuera de los ciclos de campañas electorales?

Es hora de que el Estado, la sociedad civil y los partidos dejen su enfoque vallecentralista, que elaboren y ejecuten acciones eficaces para igualar las condiciones de desarrollo humano de los niños y los jóvenes de todo el país. De lo contrario, la Ley General de la Persona Joven y la Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes seguirán siendo incumplidas para una parte importante de la población.

No es aceptable que haya ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Costa Rica es una sola; o al menos debería serlo.