La silla de la ex Magistrada Nancy Hernández en la Sala Constitucional, debe ser para una mujer.
Los eventos que han dominado la agenda mediática del planeta y de Costa Rica en las últimas semanas han tenido un fuerte sello masculino: por un lado, la guerra iniciada por el macho alfa por excelencia intensificó la carrera armamentista en Europa y disparó la cotización de las acciones de las empresas de la industria bélica; por otro, los senadores republicanos eligieron usar un talante sumamente hostigador al interrogar a la jueza Kentaji Brown Jackson en las audiencias para su confirmación a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos -Brown Jackson sería apenas la 6ta magistrada en la historia de la CSJ y la primera de raza negra-; finalmente, como si no quisiera que la guerra en Ucrania le robara atención, el dictador norcoreano hizo un despliegue de matonismo al lanzar un misil intercontinental.
En estos lares, lo que ha predominado en la campaña política es una lucha de recriminaciones entre los candidatos para demostrar quién tiene la cresta más grande y colorida, en vez de escuchar al electorado y ofrecer soluciones sobre los temas que nos estrujan el alma y la calidad de vida.
En medio de esta estridencia, se desarrollan en paralelo otros eventos importantes que no deben pasar inadvertidos, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres, como el aumento del precio de los combustibles y su efecto en actividades típicamente femeninas, y los éxodos migratorios, por citar solo un par. La toma de decisiones en el mundo, a todo nivel, afecta de forma distinta a hombres y a mujeres.
En Costa Rica estamos a las puertas de otra elección, además de la presidencial: la de la persona que sustituirá a la distinguida ex magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández López, recientemente nombrada Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como sabemos, el nombramiento de las magistraturas de la Corte Suprema recae sobre la Asamblea Legislativa, a través de un procedimiento ampliamente criticado por muchos años, principalmente por la politización y opacidad de las votaciones. Pero dejemos ese detalle formal para otro momento, y enfoquémonos en la importancia de llenar una silla que hasta hace poco estuvo ocupada por una mujer con los más sólidos atributos profesionales y personales.
Es muy probable que ese nombramiento suceda en las próximas semanas, antes del cambio de miembros del Congreso. Ya la Comisión de Nombramientos definió las seis candidaturas finalistas que recomendará al Plenario, entre las cuales hay 3 mujeres. La aspirante mejor calificada es una mujer, y las otras dos quedaron en 3er y 5to lugar, respectivamente. Sin embargo, el Plenario tiene libertad para separarse del criterio de la Comisión.
No es extraño que la lista de mejores aspirantes esté encabezada por una mujer. Lo puede explicar la paradoja de la selección de las mejores: una de las consecuencias contradictorias del sexismo es que eleva la calidad de las mujeres que ocupan altos cargos. Debido al esfuerzo necesario para superar las barreras estructurales y las arraigadas dinámicas de poder, las que alcanzan esos cargos llegan a ser más competentes y talentosas.
Por muchas razones es lógico que el nombramiento recaiga en alguna de las tres aspirantes femeninas, de por sí bien calificadas. No se trata simplemente de llenar una cuota de poder. En primer lugar, es importante preservar la perspectiva femenina -que es la de la mitad de la población- en los cuerpos colegiados de toma de decisiones e, incluso, aspirar a un mejor balance en futuros nombramientos. En este caso se estaría sustituyendo a una de las únicas 2 mujeres, de los 7 miembros que componen la Sala. De no hacerse así, la representación femenina quedaría reducida a 1 sola magistrada.
Diversos convenios y declaraciones internacionales reconocen la importancia del empoderamiento femenino en las vertientes cultural, cívica, y de toma de decisiones de política pública, así como en la equidad de los resultados que generan las políticas públicas -lo que incluye las sentencias judiciales-. Esto depende en gran parte de eliminar los desbalances derivados de 4 elementos clave, medidos por el Índice de Igualdad de Género: 1. Participación en política: pasa por eliminar el prejuicio de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres (se conoce como “MENPOL” en inglés). 2. Participación en la fuerza laboral: igualdad de oportunidades y de condiciones de modo que las mujeres puedan emplearse, en especial cuando hay escasez de puestos de trabajo (“MENJOBS” en inglés). 3. Educación: es igual de importante y necesario que se eduquen las chicas como los chicos (“BOYEDUC” en inglés). 4. Legislación y políticas de Estado: se debe reconocer la existencia de desigualdades que requieren medidas diferenciadas en función del sexo para garantizar la igualdad y el respeto de los derechos humanos.
La participación equitativa en la toma de decisiones, en la fuerza de trabajo y en la educación generan políticas públicas más inclusivas y equitativas que favorecen no solo a las mujeres, sino a la sociedad en general. Las sociedades en que predomina una cultura de igualdad de género proporcionan el clima necesario para que los derechos reconocidos en el papel se traduzcan en derechos reales en la práctica. Se amplían los derechos humanos, mejora la inversión en áreas sociales como salud, educación y redes de cuido, entre otros beneficios. Además, las niñas y jóvenes tienden a mejorar el desempeño académico y a elevar sus aspiraciones cuando tienen referentes femeninos visibles en cargos de decisión.
Concretamente con respecto a la participación de más mujeres en la esfera judicial, la Asociación Internacional de Juezas, presente en más de 85 países, ha señalado múltiples beneficios. La creciente presencia femenina en un espacio históricamente masculino como son las cortes del mundo, ha contribuido a que la justicia sea percibida por la ciudadanía como más transparente e inclusiva. Con su sola presencia, las juezas elevan la legitimidad de los tribunales y envían un fuerte mensaje de apertura y accesibilidad de la justicia.
Pero la participación femenina en los tribunales va mucho más allá de limpiar la cara de las cortes. Ha contribuido significativamente a mejorar la calidad de las sentencias y, por lo tanto, de la justicia misma, pues no solo aportan su conocimiento técnico, sino sus propias vivencias y su percepción de cómo la justicia afecta la calidad de vida de la gente. Más juezas emitiendo sentencias ha contribuido a identificar los sesgos estructurales de género y a producir una interpretación y aplicación de las leyes menos sesgada y más inclusiva. Las mujeres en la magistratura y en la judicatura traen a la mesa una perspectiva que, sin ellas, no existe.
El constante debilitamiento del poder presidencial en Costa Rica ha asentado el poder en la Asamblea Legislativa y en la Sala Constitucional. De ahí la importancia de que haya mujeres en dichas instancias. En la primera se ha logrado la paridad casi perfecta en las últimas dos elecciones. Ahora, esa Asamblea Legislativa paritaria tiene la responsabilidad de que la silla de la exmagistrada Hernández sea para otra mujer.
Artículo publicado en la Página Quince de La Nación, el 30 de marzo de 2022.
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