«El punto de partida para escoger un sistema electoral debe ser identificar qué problemas queremos resolver (representatividad, legitimidad, gobernabilidad, etc.), qué modelos existen en el mundo y qué dice la doctrina sobre ellos, en qué condiciones funcionan mejor, y cuáles son los más viables y propicios para el contexto costarricense.«

Una de las mayores contribuciones de la asociación ciudadana Poder Ciudadano Ya (PCY), de la cual formo parte, ha sido generar una toma de conciencia general de que el sistema de elección de diputados mediante listas cerradas provinciales está desactualizado en varios aspectos. Circunscripciones obsoletas, insuficiente número de curules y un sistema que genera desapego de la ciudadanía hacia sus representantes, son algunos de los males.

A lo largo de los últimos 20 años se han barajado ideas de reforma al sistema electoral, unas mejores que otras. Como antecedente más serio y comprensivo encontramos el proyecto propuesto por el entonces Presidente Miguel Ángel Rodríguez, con el que la propuesta de PCY comparte varios elementos.  La comisión de notables del gobierno de Laura Chinchilla hizo contribuciones valiosas que fueron asfixiadas por la obsesión de la opinión pública con el aumento del número de diputados. Para entonces, PCY tenía lista la propuesta, pero la coyuntura era claramente adversa a reformas sustanciales.

La verdad es que reformar el sistema electoral es una tarea difícil debido a que implica que el poder se reforme a sí mismo, se salga de la zona de confort y esté dispuesto a jugar distinto. El otro obstáculo es que la ciudadanía percibe estas reformas como un asunto ajeno, que no le incumbe ni le afecta. Craso error: el sistema electoral impacta directamente nuestra calidad de vida. 

La reforma electoral emprendida en Nueva Zelanda en los años 90 fue muy exitosa precisamente porque se invirtieron ingentes recursos públicos y privados en una campaña para explicar al pueblo las limitaciones de su sistema electoral y mostrarles qué otros sistemas existen, con bondades y defectos; se les sugirió adoptar un sistema mixto proporcional (SMP), decisión que tomaron mediante consulta popular (herramienta que para asuntos tan técnicos requiere un enorme esfuerzo, como el que se hizo,  de educación de la ciudadanía). En 2011 se consultó de nuevo a los neocelandeses si querían continuar con el SMP adoptado en 1996 o cambiar a otro; optaron por mantener el SMP porque comprendían sus virtudes a cabalidad.

En Costa Rica, en los últimos años PCY consiguió sacar esta discusión de los círculos académicos, intelectuales y políticos, y la puso sobre la mesa del debate nacional. A pesar de la escasez de recursos, hemos logrado que buena parte de la ciudadanía y de la opinión pública se entere de que existen otras formas de elegir los representantes políticos.

Después  de varios años de difundir nuestro trabajo en redes sociales, mediante artículos y múltiples reuniones con medios de comunicación, diversos grupos y actores, en 2016 PCY presentó, con apoyo de 14 diputados de 5 fracciones, un proyecto de ley para adoptar un sistema mixto proporcional de elección de diputados (también llamado proporcional personalizado), semejante al de Nueva Zelanda.  Planteamos una reforma electoral integral acompañada de sugerencias de reformas complementarias, respaldada por simulaciones del modelo propuesto, aplicadas a todas las elecciones legislativas desde el 2002. Es decir, no es una propuesta teórica, sino con sustento cuantitativo y cualitativo.

La propuesta de PCY es mejorable. Para ello requiere de un debate amplio, plural y desprejuiciado entre diversos actores sociales, políticos, académicos, intelectuales y ciudadanos. Lastimosamente, varios diputados y académicos se opusieron ferozmente a que se diera ese debate. Por otra parte, “lo peor que podemos hacer es tomar una decisión con una sola propuesta sobre la mesa; necesitamos motivar nuevas propuestas”, dijo  Steffan Gómez Campos,  politólogo investigador del Programa Estado de la Nación, en un panel celebrado en marzo en la UCR. Del análisis comparativo de varios proyectos, a la luz de la doctrina especializada y del análisis comparado de los diversos sistemas del mundo, podremos optar por el más adecuado, a sabiendas de que no hay sistema perfecto. Por eso, quienes formamos PCY celebramos que nuestra iniciativa fomentara la búsqueda de alternativas al disfuncional sistema vigente.

Recientemente el diputado José María Villalta presentó un proyecto para adoptar el voto preferente (VP) en la elección de legisladores, regidores y concejales, según el cual el electorado podría poner en orden de prioridad dos candidaturas, de una mujer y un hombre, dentro de la lista del partido de su preferencia. En su exposición de motivos, reconoce que la ciudadanía está insatisfecha con el sistema de listas cerradas -el cual califica sin ambages de caduco- y “quiere votar por personas y no únicamente por la lista que le proponen los partidos.” El proyecto busca permitir “un aumento significativo del poder de decisión de la ciudadanía que así lo viene reclamando”. Además, dice que busca incrementar la representatividad, fortalecer la rendición de cuentas y la responsabilidad frente al electorado.  La similitud de propósitos con el proyecto de Poder Ciudadano ¡Ya! no es casualidad, y confirma que las falencias del sistema actual están bien identificadas. En lo que diferimos es en la medicina.

El sistema de voto preferente ya ha sido propuesto, discutido y desechado en Costa Rica. Es una fruta de apariencia atractiva, pero…, ¿venenosa? No es popular en el mundo ni entre los expertos en materia electoral, por sus nefastos efectos colaterales. El constitucionalista Diego González Fernández, dice que no conoce un solo experto que esté a favor del voto preferente, y sí muchos que están en contra (Sartori, Lijphart, Nohlen, Duverger, Cox, Pitkin, Shugart, Taagapera, Carey, Mainwaring, Colomer, Zovatto, Casas…). De hecho,  varios países que lo adoptaron están buscando quitarlo.

Su primer efecto indeseable, especialmente en un ambiente con partidos sumamente debilitados como el nuestro, es el “canibalismo político”; con el voto preferente, cada aspirante a una curul tendría que luchar por sobresalir de entre el mar de candidaturas, en dos niveles: dentro de su propio partido y luego frente a los otros partidos. Por ejemplo, en 2018, 22 partidos postularon listas para elegir los 19 diputados de San José; con el VP pasaríamos del anonimato de candidaturas de las listas cerradas a un concurso de 418 personalidades disputándose el favor del electorado, solo en esa provincia. La cantidad de partidos tanto a nivel nacional como provincial será mayor en 2022. ¡Imagínense el carrusel de candidaturas a una curul! El VP es para los partidos políticos lo que un anticoagulante para un paciente con hemorragia interna. Si lo que queremos es acabar con los partidos, ese es el camino; será una muerte lenta, pero segura.

El VP agrega una complejidad al acto electoral que más bien atenta contra los beneficios que pretende aportar. Asimismo, plantea un enorme reto en cuanto al control del financiamiento político. Los recursos públicos serían escasos para cubrir el exuberante costo de más de mil campañas unipersonales, y aumentaría el riesgo de que mediante aportes privados -que en Costa Rica son ilimitados- se cuele capital espurio o se dicte determinada agenda, con el consecuente aumento del clientelismo. La contienda sería sumamente inequitativa.

Villalta sugiere que todas las contribuciones privadas sean depositadas en la cuenta única de la agrupación política, lo cual no solo peca de ingenuo, sino que no atiende el reto de controlar la cantidad de contribuciones, ni la lucha fratricida por esos recursos al interior de los partidos. Quienes logren mayores donaciones para su candidatura no querrán compartirlas con sus compañeros de papeleta, convertidos en sus principales rivales por el voto preferente.

El VP lesiona la cohesión partidaria y genera “caciques”: quienes queden en 1º y 2º lugar se sentirán con más autoridad o más legitimación que sus compañeros de fracción. Sentirse dueño de la curul por mérito propio genera indisciplina partidaria y acrecienta el transfuguismo. Pensemos en los efectos sobre la gobernabilidad: la aprobación de una ley demandaría una negociación infinita al seno de las fracciones, entre fracciones y  con el Ejecutivo. La construcción de mayorías sería tarea titánica.

Si bien considero el proyecto de voto preferente como regresivo, bienvenido sea. Ahora hay dos propuestas de reforma que merecen ser analizadas, comparadas y discutidas. El punto de partida debe ser identificar qué problemas queremos resolver (representatividad, legitimidad, gobernabilidad, etc.), qué modelos existen en el mundo y qué dice la doctrina sobre ellos, en qué condiciones funcionan mejor, y cuáles son los más viables y propicios para el contexto costarricense. Además, el sistema electoral que se elija debe partir de la premisa de que fortalecería nuestro sistema político, y no lo contrario. ¿Será que tendremos la madurez para hacer un análisis desprejuiciado y la valentía de abordar el camino de la necesaria reforma?

Artículo publicado en Página Quince de La Nación, 2 de septiembre de 2019

Otros artículos de la autora sobre el tema de reforma electoral:

El diploma no hace al diputado, 09/05/2019

¿Por qué reformar el sistema de elección de diputados?, 13/02/2019

Más y mejor representatividad, 11/02/2019

Política para un electorado distinto, 08/03/2017

Nuevo modelo de elección de diputados, 22/10/2016