La democracia y la igualdad de género se necesitan y se potencian mutuamente. Diversos estudios demuestran que los países con elevado ingreso per cápita con sistemas democráticos robustos, gozan de menos violencia de género y mayor paz social a nivel interno tanto como en sus relaciones internacionales.  Sin embargo, no hay un solo rincón del mundo totalmente exento de ese tipo de violencia. Lo que hay son países donde las mujeres cuentan con mayores espacios de participación y con instrumentos más eficaces de prevención, protección y sanción contra la violencia.

La igualdad de género se compone de muchas dimensiones y hay diversas formas de medirla. Además del reconocido enfoque en oportunidades laborales, económicas y políticas, un eje transversal que cada vez cobra mayor relevancia como parámetro de equidad es el grado de seguridad para la mujer. Sin seguridad las mujeres no pueden alcanzar igualdad real de derechos.

Confirmación de esa transversalidad esencial es la inclusión dentro del 5to Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de la ONU de la eliminación de toda forma de violencia contra las niñas y las mujeres: agresión física, psicológica y sexual,  explotación, tráfico y prácticas impropias como el matrimonio de menores, la ablación genital y el sesgo contra las niñas en favor de los hijos varones.

No es casual el vuelo que alcanzaron a nivel global las campañas #MeToo y #TimesUp para concientizar sobre acoso y violencia sexuales.  O que el Nobel de la Paz 2018 se les concediera a la sobreviviente de violación Nadia Murad y al ginecólogo Denis Mukewe por su labor de concientización sobre la violación como arma de guerra (este premio no se puede entender sin reconocer el mérito inmenso de una ilustre costarricense, doña Elizabeth Odio, a quien el mundo le debe la tipificación de la violación como crimen de  guerra y de lesa humanidad).

La correlación entre democracia, equidad de género y violencia está plasmada en el Índice desarrollado por el Instituto para la Mujer, la Paz y la Seguridad de la Universidad de Georgetown, que califica los niveles de Inclusión, Justicia y Seguridad en cada país. En Inclusión, la calificación se basa en el acceso de las mujeres a educación, empleo, teléfono celular, servicios financieros y representación política. La de Justicia evalúa el nivel de discriminación legal, así como prácticas culturales sesgadas que dificulten las oportunidades laborales y económicas de las mujeres. Por último, la Seguridad toma en cuenta cuán seguras se sienten las mujeres en su entorno, lo cual es determinante para su movilidad y, por ende, para sus oportunidades de desarrollo. También contempla el impacto de la violencia armada y el crimen organizado.

Las primeras 40 posiciones del Índice están ocupadas por las naciones más desarrolladas y democráticas del orbe. De Latinoamérica, Ecuador tiene la nota más alta con el número 42; le sigue Costa Rica con 52.  Si bien hay otros 100 países por debajo de nosotros, la mayoría de ellos con democracias débiles o nulas, tenemos mucho que mejorar.

Dentro de la dimensión de Seguridad, solo 42% de las ticas se sienten seguras en su ambiente y su comunidad.  El promedio de mujeres que reportan haber sufrido violencia física o sexual de parte de su pareja en Costa Rica es de 36%, ¡por encima del 30% mundial!  Esto es muy preocupante y explica las altas cifras de solicitudes de medidas de protección y de feminicidios registradas en nuestro país.

Según el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial de Costa Rica, al 29 de octubre de 2018 se habían registrado 43 homicidios de mujeres, de los cuales 20 fueron feminicidios, 16 están pendientes de informe y solo 7 no son feminicidios. Contando únicamente los catalogados como feminicidio, en promedio cada 2 semanas una mujer es asesinada por su pareja, expareja, u otro hombre con algún grado de relación desigual.  Esa estadística no incluye aún a Stephanye Paola Castro Mora, cuyo cuerpo apareció, a principios de noviembre, desmembrado y con signos de ser un crimen de odio.  Las estadísticas de violencia doméstica del Observatorio registran entre 2010 y 2017 un promedio de 132 solicitudes de medidas de protección por día, la mayoría solicitadas por mujeres.

En el mundo, la mitad de las mujeres que mueren asesinadas, es a manos de su pareja u otro familiar. Según la ONU, la violencia de género es “causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados”.

El 71% de las víctimas de tráfico en todo el mundo son mujeres y niñas; 3 de cada 4 son explotadas sexualmente. Otra drama es el de las relaciones impropias (niñas que conviven con un adulto, generalmente con amplia diferencia de edad); si bien esa práctica ha ido disminuyendo globalmente, se calcula que hoy al menos 650 millones de mujeres se casaron o unieron cuando eran menores de edad. Costa Rica aprobó recientemente la Ley de Relaciones Impropias y habrá que esperar un poco para medir si decrece la incidencia.

El registro de datos en esta materia puede ser distorsionado por el maquillaje estadístico de algunos gobiernos y por los prejuicios y problemas sociales que la rodean. Millones de niñas y mujeres sufren en silencio por temor al deshonor o a represalias peores que el abuso original. También hay un alto nivel de impunidad. El Primer Informe del Estado de la Justicia en Costa Rica reveló  que 80% de las denuncias por delitos sexuales son desestimadas . Además, generalmente estos hechos ocurren en el entorno inmediato de la víctima, lo que desincentiva significativamente su denuncia.

La violencia de género es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y la paz. Afecta el acceso de niñas y mujeres a los diversos niveles de educación, sus opciones laborales, su autonomía financiera y las oportunidades de desarrollo personal; a nivel psicológico sufren consecuencias en la socialización, la salud mental, sexual y reproductiva. Por ende, mientras subsista alguna forma violencia de género, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cualquier plan de desarrollo internacional, nacional o municipal, no pasarán de ser un sueño.

Las leyes y políticas públicas para la equidad son en gran parte producto del activismo de mujeres valientes que desafiaron sistemas patriarcales y represivos, así como de la creciente participación femenina en los ámbitos de toma de decisiones.  Costa Rica está entre la reducida élite de países que han alcanzado paridad en la representación legislativa. También hay fuerte presencia de mujeres en el gabinete presidencial, lo cual es muy alentador ya que estudios recientes demuestran que el impacto en política pública podría derivarse más de la presencia femenina en el Ejecutivo que en el Parlamento.  Sin embargo, muchas de las que ocupan cargos públicos y hacen activismo,  diariamente sufren acoso o  violencia política.

El Estado debe seguir fomentando la participación de más mujeres en todos los niveles decisorios. Asimismo, hay que fortalecer los esfuerzos para ampliar el acceso de las niñas y jóvenes a educación, crear condiciones propicias para la inserción laboral formal, el emprendedurismo y la  autonomía financiera de las mujeres. Y, sobre todo, ante la epidemia de violencia física y sexual, es imperativo dirigir recursos extraordinarios a crear conciencia, y desplegar un trabajo  coordinado entre las instituciones públicas y la sociedad civil para prevenir, castigar y tratar de erradicar toda forma de explotación y de agresión contra las niñas y las mujeres.  #Niunamenos #DíaNaranja2018

Publicado en La Nación, 25/11/2018.

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