Publicado en La Nación el 8 de marzo de 2017.

El renombrado politólogo y académico norteamericano Ted Lowi, pensaba que en Estados Unidos el liberalismo desembocó en un gobierno impotente, de “política sin ley”, en que el poder político ha ido menguando y sometiéndose a un excesivo regateo con los grupos de presión. Según Lowi, el Estado norteamericano pasó de un modelo en que el Congreso era el principal centro de poder a uno centrado en la Administración, pero ejercido por la burocracia del bosque de instituciones gubernamentales. En lo que él llamó gobierno por administración, los legisladores fueron delegando en las diversas entidades administrativas la creación de política pública con una consecuente dispersión de autoridad.

La ironía es que ese Estado más grande y poliárquico, no ha servido para traer mayor satisfacción a la ciudadanía en general, sino a grupos de interés organizados. Decía Lowi que el Estado prácticamente ha capitulado a favor de esos grupos, que encuentran múltiples puntos de acceso al poder a través de la tupida burocracia. La búsqueda del interés público ha sido remplazado por la de varios “intereses públicos”. Las metas de política pública “son pura retórica si no se recupera la capacidad del Estado de ejercer el poder”, afirmaba Lowi. No se refería con ello a un ejercicio autoritario, sino a rescatar la capacidad de planificación y  la correlativa eficacia para ejecutar las decisiones en beneficio de la colectividad.

Estas tesis son, por supuesto, discutibles; pero  no dejan de ser interesantes a la luz de la evidente parálisis del Estado costarricense. Aquí, al Ejecutivo se le ha ido tejiendo una camisa de fuerza de leyes y controles dentro de la misma Administración Pública, que prácticamente lo han vaciado de autoridad y le han dejado un margen de maniobra mínimo. Los llamados mandos medios, el equivalente a la burocracia que desvelaba al profesor Lowi,  tienen más poder que los jerarcas, y los grupos de presión tienen la capacidad de poner a la administración contra las cuerdas.

Por su parte, el Poder Legislativo ha descuidado el rol de coadyuvante fundamental en la estrategia de desarrollo del país. Su generación de política pública es muy rala y usualmente a destiempo; y su creciente inhabilidad de asimilar las demandas ciudadanas y convertirlas en acciones determinantes para el progreso, ha sido retratada desde hace varios años por diversas investigaciones y diagnósticos nacionales e internacionales.

Las lista de factores que dificultan la eficacia del sistema político no termina ahí: la no planificación de largo plazo; el sistema de elección de diputados que impide la representatividad; un reglamento interno de la Asamblea que durante decenios ha saboteado el rendimiento legislativo; la fragmentación–que sigue en crecida con una cantidad inédita de partidos inscritos para las próximas elecciones-; la pérdida de fidelidad partidaria; menor participación político partidista pero mayor exigencia de la sociedad civil para tener incidencia en la toma de decisiones a todo nivel; la percepción negativa sobre la clase política por parte de la población;  y la crispación a veces artificialmente producida por las redes sociales que, si bien no necesariamente se traduce en  reclamos o acciones concretos, ejerce presión para bien y para mal, sobre la gobernanza.

Por si fuera poco, el electorado ha cambiado significativamente; es más exigente y la diversidad de sus demandas es mayor. Esto puede deberse a que se han borrado las fronteras ideológicas enmarcándonos dentro de una nueva categoría que podríamos llamar multidimensional, producto de la mezcla de: el grupo etario al que pertenecemos, si somos parte de una minoría, el sector de la economía en que trabajamos, la zona geográfica en que vivimos, el nivel de escolaridad, la adhesión a determinada agenda (ambientalista, religiosa, de género, gremial, etc.), etc. De hecho, cada vez somos más híbridos; los votantes monolíticos son una especie en extinción, lo cual no es un desafío pequeño para quienes quieren captar votantes y, sobre todo, apoyos de largo plazo.

Para un nuevo electorado, requerimos una nueva política; una que mantenga un diálogo permanente con los electores, para que logremos tener el impacto que deseamos en términos de política pública. Se requiere un ecosistema político que permita acceso amigable a la información pertinente, la participación, y el escrutinio por parte del pueblo; es decir, la gente debe sentirse y estar cercana al poder a todo nivel. La otra cara de la moneda es, por supuesto,  la transparencia y la rendición de cuentas efectiva y oportuna. En los últimos años, en parte gracias al tesón de iniciativas independientes como Abriendo Datos, Ojo al Voto, Poder Ciudadano ¡Ya!, y otras, hemos visto pasos importantes en esa dirección desde todos los Poderes de la República. Pero se puede y se debe hacer mucho más, y no solo a nivel central. El costo de no hacerlo puede ser dramático para la salud de nuestra democracia.

En el mundo existen ejemplos interesantes de mecanismos que algunos científicos llaman de “post-gobernanza”, que propician por una parte el gobierno integrado (integración de servicios, de sistemas de compras, de estatutos de empleo, de toma de decisiones, etc.) y por otra, el gobierno abierto (interacción real entre el poder y la ciudadanía),  basados en buena medida en las tecnologías de la información, pero sin agotarse en ellas. No es necesario inventar la rueda.

Ahora la pregunta obligatoria es si la miríada de partidos políticos y de precandidatos tienen planes concretos para restituirle al Estado la capacidad de planificación y de ejecución de política pública pertinente que contemple la activa  participación de la ciudadanía en toda su diversidad,  o si seguirán pensando, a la usanza de la vieja política, que la meta es llegar al poder; después, los mandos medios seguirían encargándose de ejercerlo y de complacer a los grupos de presión, diría Lowi.