Cuando requieren contratar personal calificado, las empresas privadas acostumbran contratar los servicios de firmas dedicadas a identificar talentos. Al final del proceso de evaluación, dicha firma presenta una terna de candidatos a la potencial empleadora o, de una vez, recomienda cuál considera el mejor candidato para el puesto.

Ese procedimiento tiende a ser ágil y efectivo, pues las empresas privadas privilegian la eficiencia en todos sus procesos, ya que de ellos depende en gran medida la productividad. Y lo usual es contratar a quien tenga la mejor calificación para el ejercicio del trabajo que se requiere. Esa mejor calificación incluye no solo la preparación académica, sino también la experiencia, las destrezas emocionales, la multidisciplinariedad, la solvencia moral y otros atributos igualmente necesarios.

A la inversa. En el sector público funciona distinto, a veces a la inversa, y no precisamente porque la excelencia y la productividad no sean importantes para el país, sino porque no siempre lo son para quienes toman esas decisiones. La consecuencia es que, más a menudo de lo deseable, los parámetros sobre los que se basan las designaciones de cargos públicos importantes son diferentes de los señalados arriba: priman, más bien, el compadrazgo, el pago de favores y la afiliación política. También, más a menudo de lo deseable, los funcionarios así escogidos nos salen güeros, resultan incompetentes o corruptos, y esto provoca que el pueblo cada vez desconfíe más de los nombramientos hechos con criterios políticos.

No quiere decir esto que no haya funcionarios públicos calificados, competentes y probos, pero el deficiente modelo de selección y la mala paga en algunos cargos frente a las grandes responsabilidades directas y colaterales que se asumen, entre otras cosas, están alejando de la función pública a muchos de los mejores. Y, como en política no hay sillas vacías, las que no ocupan personas idóneas, fácilmente son copadas por otras cuyos fines son ajenos al interés público.

Los nombramientos que emanan de la Asamblea Legislativa, pese a su gran relevancia, no escapan a esos viciados criterios de selección. De hecho, ese es uno de los motivos que coadyuvan a que el Congreso sea una de las instituciones más desprestigiadas, según las encuestas.

Comisión de Nombramientos. La existencia de una Comisión de Nombramientos, que aplica pruebas de ácido, rayos X y otras evaluaciones rigurosas a quienes se animan a concursar para algún cargo cuya elección sea de resorte de la Asamblea, no garantiza que su recomendación sea la mejor, y mucho menos garantiza que, aun si es la mejor, será acatada por el Plenario.

Tras presentar la abundante documentación que acredite la integridad de un monaguillo y la formación de un catedrático, y comparecer a la entrevista, pueden ocurrir varias cosas: que la Comisión cumpla con el procedimiento por simple protocolo y, acto seguido, recomiende a alguien que había sido seleccionado de antemano, no precisamente por su mayor aptitud, o que sí recomiende al mejor, pero que el Plenario se aparte de la recomendación y, sin las debidas explicaciones, elija a otro de los concursantes o, más aún, que meta por la puerta trasera a alguien que no ha concursado, pero que tiene el beneplácito de la mayoría.

Ante estos casos bastante usuales, es válido preguntarse: ¿cuál es la razón de ser de la Comisión de Nombramientos?, ¿para qué cargar a los contribuyentes los costos de complejos procesos de selección, con frecuencia inútiles, y que en algunos casos terminan siendo una mascarada? Y, para un concursante de buena fe, ¿qué estímulo hay para cumplir con los mejores atestados y una costosa lista de certificaciones y declaraciones juradas, si eso no es lo que pesa realmente, o si otros pueden entrar por otra puerta sin tanto papeleo?

Desconfianza. En otras palabras, mientras los nombramientos que emanan de la Asamblea no respondan a criterios transparentes y objetivos de idoneidad, seguiremos teniendo los mismos resultados que, año tras año, nos llenan de desconfianza y escepticismo.

Luego de la renuncia de la señora Taitelbaum al cargo de defensora de los Habitantes, los diputados han anunciado una metodología para elegir sucesor. Eso suena muy bien, pero exacerbar la “requisitomanía” no impedirá a quien quiere engañar, encontrar el portillo para hacerlo.

En materia de ética es difícil ser infalible, sobre todo si se hace de previo, y siempre habrá vivazos que metan goles. Por otra parte, el exceso de condiciones y de controles previos puede disuadir de concursar a buenos candidatos, para no verse expuestos a esa radiografía con visos de inquisición.

Por ende, el formalismo en el procedimiento debe acompañarse con el buen criterio para elegir a quienes ocupen la Defensoría y otros cargos de relevancia. Asimismo, es necesario establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas, según el puesto que se ocupe, y un acuerdo ínterpartidario que defina en cuáles condiciones se deberá dar, o pedir, la renuncia de un alto funcionario cuestionado por incompetencia, o faltas a la ética o a la legalidad. No se debe continuar con el actual patrón de permitir que personas cuestionadas se aferren obcecadamente a sus cargos, incluso cuando hay procedimientos administrativos o judiciales en su contra, pero tampoco debe imperar el principio de culpabilidad. Se requiere un pacto responsable entre las diversas fuerzas políticas para evitar que esas malas prácticas profundicen más el desgaste y el descrédito de la clase política y de la Administración Pública.

Deseo de cambio. El 6 de abril, el pueblo soberano dio un claro mensaje de que quiere un cambio. Ese cambio implica regenerar la clase política y recuperar la confianza de la ciudadanía. Solo así podremos adecentar la función pública. Los legisladores actuales tienen una buena oportunidad de empezar a marcar diferencia con sus antecesores.