La diputada Floria Segreda salió del anonimato en que pasan el cuatrienio la mayoría de diputados/das, para sentar un precedente fundamental: denunciar a un compañero de fracción por lo que se conoce como acoso político.  En un audio que le envió, el diputado Melvin Núñez declara amar a la legisladora “porque es una señora que le merece respeto”, pero añade que “le tocó a usted pagar ese precio para que no lo vuelva a hacer” (el precio fue la intimidación aleccionadora). Doña Floria lo perdonó pero no ha retirado la denuncia por el delito de “Amenazas contra un funcionario público”.  Si bien ese tipo legal no es el ideal para tratar el caso, es lo que procede mientras no tengamos una ley especial para proteger a las mujeres de ese tipo de violencia; solo queda confiar en que los jueces penales asumirán el caso con la necesaria perspectiva de género[1]. En el mismo audio, Núñez se refiere a la Presidenta del Congreso en términos muy peyorativos y dice que ella sabe “que se tiene que cuidar porque yo no dejo las cosas para después”. Doña Carolina Hidalgo  también interpuso una denuncia contra él.

La violencia política es solo una de las múltiples vetas de la violencia de género. Es una de las diversas formas en que los hombres intentan ejercer poder sobre las mujeres. Según la ONU, este comportamiento tiene la doble finalidad de “castigar a las mujeres por intentar ocupar un espacio de hombres y restringir su participación”.    La misma ONU define acoso político como el “acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento, amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función política/pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos”. Se le llama violencia política cuando se pasa de la intimidación a la acción.

Las dificultades empiezan desde que intentan ser parte de una papeleta; en esa primera fase de selección de candidaturas enfrentan obstáculos como los estereotipos que las consideran menos competitivas y menos calificadas (estos estereotipos persisten en varios ámbitos a pesar de que hay suficientes estudios que demuestran que las candidatas son tan viables y exitosas como los candidatos), acceso desigual a posiciones de poder y dirección dentro de los partidos y prácticas de reclutamiento que subestiman el talento femenino. Luego vienen los obstáculos para mantenerse y ejercer su cargo con efectividad.

Según de las circunstancias, el acoso y la violencia toman distintas formas: mayor exigencia que a sus pares hombres, mal uso o desviación del presupuesto partidario dirigido a capacitación de mujeres, retenciones de pagos, agresiones y amenazas durante las campañas, reemplazos arbitrarios, no invitación a reuniones decisivas, asignación de tareas no acordes con su jerarquía o su capacidad, posicionamiento en comisiones parlamentarias de menor relevancia,  menosprecio o desestimación de proyectos presentados por legisladoras, presión para que aquellas que alcanzan cargos renuncien a favor de suplentes masculinos (en México son llamadas las Juanitas), ocultamiento de información para perjudicar su desempeño, trato discriminatorio de los medios de comunicación, etc. Prácticas como las citadas han sido documentadas en países latinoamericanos, incluido Costa Rica.

En lo personal las mujeres no sólo luchan por la equidad en los cargos de elección; el desequilibrio en las responsabilidades familiares y del hogar impone sobre ellas una pesada carga adicional. En nuestro país una encuesta del INEC de 2017 reporta que las mujeres dedican a la semana 22 horas más que los hombres a labores en el hogar.  Muchas también sufren difamación, descalificación y censura por parte de otras mujeres por “descuidar a sus familias”.

Un estudio publicado en 2016 por la Unión Interparlamentaria (IPU en inglés) sobre Sexismo, acoso y violencia contras las mujeres parlamentarias, mostró que esas conductas se dan a nivel global y erosionan la participación democrática. Las legisladoras entrevistadas pertenecían a 39 países de 5 regiones del mundo; 81.8% reportaron haber sufrido alguna forma de violencia psicológica y 44% dijeron haber recibido amenazas de golpes, muerte, violación y secuestro a ellas o a sus hijos. 65.5% de ellas dijeron haber recibido insultos sexistas, 20% sufrieron acoso sexual y 7.3% reportaron haber sido víctimas de intento de violación. 20% de las entrevistadas experimentaron alguna forma de agresión física como bofetadas, empujones y golpes. 12,7 de ellas fueron amenazadas con algún tipo de arma.  La nota esperanzadora del estudio es que 80% de las mujeres que reportaron algún tipo de agresión decidieron continuar en sus cargos y buscar la reelección cuando aplicaba.

Costa Rica ha logrado hitos fundamentales en la  participación política femenina. Tras cerca de 30 años de lucha incesante de diversos sectores, la mitad del gabinete Presidencial y el 46% del Congreso está conformado por mujeres, la Presidenta legislativa es mujer y el Directorio tiene mayoría femenina. Lastimosamente, en los gobiernos locales los números no son tan felices: solo 12.3% de las alcaldías están en manos femeninas. Es decir, no podemos dar por hecho que la equidad se arraigó irreversiblemente ni que los actores políticos erradicaron las prácticas sexistas, discriminatorias y agresivas. La mayor responsabilidad en respetar la paridad y en prevenir la violencia, descansa en los partidos políticos, que son los principales filtros para el ejercicio de la política.

Nuestro país ha suscrito varios instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) que prevé la aprobación de leyes y reformas institucionales para prevenir y erradicar la violencia política.  Hasta el momento solo Bolivia emitió la Ley,en 2012, en gran parte debido al homicidio de la concejala Juana Quispe . En los últimos 2 cuatrienios 2 diputadas han presentado sendos proyectos de ley en esa materia (#20308 y #18719) que prevén sanciones penales, penas alternativas, inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y sanciones políticas como la pérdida de credenciales. La presentación de estos proyectos por parte de mujeres legisladoras confirma lo dicho por reconocidas investigadoras como Kunovich y Paxton, sobre el rol crucial de las mujeres que son parte de las élites políticas en propiciar que otras ingresen y se mantengan en la política.

Pero las soluciones no son solo legales. Para alcanzar y permanecer en posiciones de poder sin riesgo a su integridad y en igualdad de condiciones, las mujeres requieren apoyo de sus parejas y familiares, de sus partidos y organizaciones, del Estado y de todas las estructuras sociales.  Es esperable que conforme más mujeres se incorporen a cargos de decisión, las políticas públicas y la cultura propiciarán una sociedad más igualitaria. Viceversa, cuanto más igualitaria es una sociedad en las esferas públicas y en las privadas, aumentan las probabilidades de participación política femenina y se fortalece la democracia.

Otros artículos de la autora sobre mujer y machismo: 

 ¿Por qué las mujeres no lo impidieron?  

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 La injusta tasa rosa  

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[1] Al respecto ver ponencia de la Magistrada suplente del TSE Zetty Bou Valverde en http://www.tse.go.cr/revista/art/13/bou_valverde.pdf