«Más allá del riesgo de contagio y de la escasez de alimentos, la pandemia está amenazando el bienestar integral de nuestros menores, los adultos del mañana.»

Los múltiples efectos y la ubicuidad de la pandemia nos tomó por sorpresa. La necesidad de reaccionar rápidamente a la emergencia sanitaria se impuso ineludible, como una avalancha. El factor sanitario acaparó una tajada enorme de nuestra atención individual y colectiva. Apenas se asentó un poquito el polvo, pasamos a hablar de la economía, del desempleo y del hambre. Información, opiniones, reportes, proyectos para tratar de evitar el colapso total, inundan los medios, las redes, los chats y las conferencias virtuales. Todo muy necesario. Las víctimas por contagio, igual que las pérdidas de empleo y los cierres de empresas se contabilizan diariamente. Sin duda es prioritario y urgente construir una hoja de ruta para atender esa tragedia.

Hay otro drama ocurriendo todos los días, pero está casi ninguneado de la conversación nacional. Me refiero al efecto de la pandemia sobre lo que podríamos llamar la generación del COVID-19: nuestros niños y adolescentes, en cuyas memorias y corazones quedarán grabados estos meses y quizás años, como una época que les cambió la vida para siempre. Como les ocurrió a los que crecían durante la Gran Depresión, o a quienes les ha tocado crecer en países que han sufrido hambrunas o flagelos de algún tipo.  Y no puedo evitar pensar con tristeza en la generación perdida de los años 80 en Costa Rica, esa inmensa cohorte de niños y adolescentes que cayeron en pobreza y vieron truncadas sus oportunidades de educación y movilidad social. 68% de los estudiantes que estaban matriculados en primaria y secundaria en 1984, no terminaron sus estudios; ellos y sus familias aún arrastran las consecuencias de esa exclusión.

Mientras el virus parece afectar la salud de los niños y jóvenes con menor agresividad que la de los adultos mayores, hay otras disrupciones de la pandemia que afectan significativamente su calidad de vida y sus oportunidades futuras. Más allá del riesgo de contagio y de la escasez de alimentos, la pandemia está amenazando el bienestar integral de nuestros menores, los adultos del mañana.

Las estructuras sociales que les dan contención han sufrido una disrupción inédita en este país pacífico y democrático. Todas las rutinas han cambiado. La incertidumbre se respira en el aire. Padres y madres que han perdido su trabajo o su fuente de ingreso están confinados en la casa, angustiados y probablemente muy frustrados. El hambre está empezando a crear una horrible sensación de vacío en los estómagos de mucha gente. ¿Cuánto va a aumentar la violencia doméstica debido al necesario confinamiento?

Se sabe que las crisis afectan más duramente a las niñas que a los niños. A muchas se les exige que asuman labores de cuido y tareas domésticas. El riesgo de ser abusadas sexualmente tiende a aumentar en este tipo de situaciones. ¿Y las uniones impropias producto de la tensión derivada del confinamiento? ¿Cuántas jovencitas preferirán irse a vivir con su “novio” mayor de edad, que quedarse en casa? En los últimos 5 años ha disminuido la cantidad de bebés nacidos de niñas y adolescentes, pero la última cifra reportada por el INEC sigue siendo muy alta: más de 4,000 nacimientos de madres menores de 18 años y 7  de niñas menores de 13 años. Tristemente, esos números podrían aumentar de nuevo debido al encierro, a la paralización del curso lectivo y al posible aumento de la pobreza.

La normalidad que conocían ya no existe. Si bien no toda la gente lo está cumpliendo, ni toda puede cumplirlo por razones de espacio, el distanciamiento social sin duda afecta emocionalmente a los niños. Los parques municipales han tenido que clausurarse y miles de viviendas no tienen jardín. ¿Cuántos han dejado de jugar con sus amigos o han dejado de recibir abrazos de los abuelos? ¿Cuántos están forzados a pasar dentro de sus viviendas muchas más horas de lo que estaban acostumbrados? ¿Cuánto habrán aumentado las horas pegados a una pantalla?

Según UNICEF,  además del estrés psicológico, en tiempos de crisis como esta, existe un mayor riesgo de aumento en el maltrato, el abuso, la explotación y el descuido de los menores. También aumentan las probabilidades de exclusión social de los menores, en particular de los que ya están en situación vulnerable. Recordemos que 470 mil menores viven en pobreza en Costa Rica  34% de los niños y adolescentes viven en pobreza y 12% en pobreza extrema)

En América Latina y el Caribe, más del 95% de los menores  matriculados, aproximadamente 154 millones,  están temporalmente fuera de las escuelas, cerradas a causa del COVID-19. En Costa Rica, más de un millón de estudiantes se matricularon para el curso lectivo 2020. Desde el 16 de marzo la inmensa mayoría de ellos no reciben lecciones.  Su proceso educativo se interrumpió una vez más. Son los mismos estudiantes que en 2018 perdieron 3 meses de clases por la larga huelga de maestros, y que el año pasado sufrieron varias huelgas intermitentes. 

Solo un número mínimo de centros educativos, en su mayoría privados, tienen la capacidad para continuar el curso lectivo con tele-educación. Las brechas económica y digital no solo afectan a los centros educativos, sino también a la población estudiantil: no toda cuenta con los recursos tecnológicos y un entorno que reúna las condiciones apropiadas para seguirse formando virtualmente. ¿Cuántos de esos chicos y chicas no van a volver a clases cuando se reabran las escuelas y colegios? ¿Qué se está planificando e implementando para prevenir una deserción monumental?

Para los niños en situación o en riesgo de exclusión, la suspensión de clases acarrea otras privaciones, como podría ser perder la alimentación escolar (aún si hay comedores escolares y CIDAIS abiertos, no todos los beneficiarios podrán llegar a ellos por múltiples razones), actividades de recreación, actividades extracurriculares, apoyo pedagógico y apoyo emocional.

La pandemia no tendrá las mismas consecuencias en todos los niños. El ambiente en que viven, las condiciones socioeconómicas, la zona geográfica, sus propias vulnerabilidades particulares, y decenas de otros factores, deben ser tomados en cuenta e incorporados en la estrategia nacional para afrontar los efectos de corto y largo plazo de la pandemia. Prevenir, mitigar, atender y resolver las situaciones emergentes y futuras, no es tarea solo de los progenitores, del Patronato Nacional de la Infancia y del Ministerio de Educación.

La Alianza para la Protección de la Niñez en Acciones Humanitarias, emitió un Manual de Estándares Mínimos que ofrece mucha luz sobre las medidas de prevención y atención que se deben tomar en situaciones como la que estamos experimentando. Una de las recomendaciones es la estrategia y el abordaje multisectorial y multidisciplinario de la situación de los menores, tomando en cuenta la diversidad de riesgos y las situaciones particulares.

Mitigar las consecuencias negativas para el bienestar y el desarrollo de la niñez y adolescencia es un mandato de nuestra Constitución Política y de varios tratados internacionales. Pero es, sobre todo, un imperativo ético para la sociedad y para el Estado.

El reto de ofrecer a nuestra niñez y adolescencia las mejores condiciones de vida es enorme en tiempos normales. Más aún en medio de una pandemia. Y es urgente, pues compromete nuestro presente y nuestro futuro. Esta coyuntura demanda que hagamos política pública con visión holística e intergeneracional. Aprendamos de la historia. No permitamos que la generación del Covid-19 pase a ser una “generación perdida”, como la de los 80.

Publicado en La Nación, miércoles 30 de abril de 2020.