Sarah Chayes, investigadora senior del Programa de Democracia y Estado de Derecho del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, ha dedicado años a investigar la corrupción en varios países del mundo. Su trabajo demuestra cómo la corrupción exacerba problemas tan graves como el terrorismo, las revoluciones, la violación a derechos humanos y la degradación ambiental. A través de su trabajo ha revelado un estrecho lazo entre el poder religioso desde el aparato de gobierno –desde el islámico en Afganistán hasta el puritanismo cristiano en Nigeria- y la corrupción. Sus hallazgos no revelan otra cosa que el gobierno como régimen de saqueo institucionalizado.

Recientemente tuve la oportunidad de escuchar los resultados de su investigación titulada “Cuando la corrupción es el sistema operativo. El caso de Honduras”. Lo que Chayes llama con mucha severidad un Sistema Operativo Cleptócrata se compone de una red orgánica de tres dimensiones –sector público, privado y criminal-, en el que un gobierno aparentemente fallido es parte del plan de debilitamiento de las instituciones democráticas, y una máscara para ocultar la red.

La cleptocracia tiene por pilares a personas claves en varios partidos políticos, y a figuras del más alto nivel en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que promueven legislación y acciones condescendientes con los intereses de la red. En palabras literales de Chayes: “Un funcionario de alto rango del gobierno puede tener un hermano que da servicios legales a un cártel de drogas, o está casado con quien preside una compañía que depende de contratos o permisos públicos. Las personas pueden entrar y salir del negocio y del gobierno. Este entretejido flexible de los hilos de las redes cleptocráticas es lo que las hace tan resilientes.”

Revela Chayes que en 2014 se aprobó una ley para la “Clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional” que ha hecho sumamente difícil a los ciudadanos hondureños tener acceso a información sobre la mayoría de las actuaciones del gobierno, incluidas las licitaciones públicas y las compras del Estado. Una líder comunal citada en su trabajo, denuncia que esa ley ha producido una virtual privatización de la información en Honduras, pues permite declarar confidencial información de la Corte Suprema, del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, el Registro de Propiedad, y la Empresa Nacional de Electricidad y Energía (ENEE).  Todo ello, argumenta, para encubrir grandes negocios que favorecen a los miembros de la red en sus tres dimensiones.

En el tejido hay miembros de la policía que protegen las operaciones de la red. Chayes dice que las “Unidades Especiales o de Élite” dirigen operaciones con personal de seguridad privado o “vigilantes no identificados”.  Cárceles insalubres y sobrepobladas –como las que abundan en Latinoamérica-, refuerzan la intimidación y la extorsión entre miembros de redes rivales. La penetración en la fiscalía y el Poder Judicial es fundamental para garantizar impunidad a los miembros de la red.

Asimismo, según Chayes, algunas instituciones para la inversión social y redistribución de la tierra han sido permeadas por la red, para favorecer negocios millonarios, así como la concentración de transferencias económicas y de tierras en manos de sus dirigentes, para facilitar los trasiegos de algunos de los bienes que comercian dentro y fuera del territorio hondureño.

Por supuesto, dice la investigadora, tener un pie en bancos e instituciones financieras –que en el caso de Honduras son privados-, es fundamental para facilitar y encubrir las operaciones, muchas de ellas relacionadas con lavado de dinero y tráfico de todo tipo: drogas, personas, armas, etc. Por eso, dice Chayes, las cleptocracias constituyen una amenaza grave para los derechos humanos.  Además, no vacilan en intimidar o hasta eliminar a quienes denuncian los abusos.  La autora menciona el crimen de la ambientalista Berta Cáceres.

No omite señalar a quienes ella llama facilitadores externos: poderosos Gobiernos extranjeros, e instituciones que dan préstamos o transferencias para seguridad, desarrollo y asistencia social, los cuales, a pesar de ser conscientes de la inoperancia e ineficiencia de muchos de los entes receptores, no suspenden la ayuda.

Chayes afirma que la red hondureña es solamente un nodo de una gran malla transnacional de sur a norte, cuyo trazado se parece al mapa de rutas de una aerolínea, con nodos en todos los países hasta llegar a Estados Unidos, y da saltos a otros continentes.

No sé a ustedes, pero a mí, los hallazgos y denuncias de esta investigación me dan escalofríos. Honduras es una nación hermana y vecina. Tengo confianza en que Costa Rica está lejos de ese panorama y el revuelo que ha causado el caso del cemento chino demuestra que los costarricenses aún nos sorprendemos y nos resistimos a dejar que nuestras instituciones más sagradas sean secuestradas por redes de ese tipo. No quiero que la comparación con el caso de este comentario, sea combustible para el escándalo fácil y el linchamiento precipitado e irracional. Cuidado, porque el riesgo del rebote es que terminemos gobernados por un populista antisistema. Prudencia.

Sin embargo, los hechos del cementazo sí son suficientemente graves y con tentáculos de alcances inéditos, como para que no volvamos a dormir tranquilos hasta que todo sea indagado, revelado y se dicten las sentencias correspondientes. Mi esperanza descansa en nuestra institucionalidad y en la fuerza de los ciudadanos, la prensa y esa mayoría de servidores públicos que son íntegros, para preservar la democracia y atacar la corrupción antes de que lleguemos a los niveles denunciados por Sarah Chayes.

El documento completo de la investigación de Chayes sobre Honduras se puede leer aquí.