«El costo de la inequidad de género no solo perjudica a las mujeres. Y los beneficios de la equidad no solo las favorecen a ellas.»
El pasado 23 de junio tuve el gusto de moderar un conversatorio sobre la equidad de género como factor para la reactivación económica. El propósito fue analizar las particularidades de la situación de la mujer desde la política pública latinoamericana y nacional, las buenas prácticas del sector privado, y retos y políticas para alcanzar la equidad de género en Costa Rica.
El panel, organizado por Lead University, estuvo compuesto por Beatriz Piñeres, especialista en género de la Comisión Interamericana de Mujeres, Leonardo Merino, Coordinador General de Investigación del Programa Estado de la Nación (PEN), Paola Bulgarelli, Directora de Proyectos Estratégicos de CINDE e Ineke Geesink, Gerente de Operaciones y Mercadeo para Centroamérica y Gerente país de Microsoft en Costa Rica.
La equidad de género forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para el año 2030. Empoderar a las mujeres antes del Covid-19 era un imperativo socioeconómico; la crisis sistémica causada por la pandemia y el mayor impacto que está teniendo sobre las condiciones de vida de las mujeres y sus familias, ha visibilizado más la urgencia de hacerlo.
A pesar de ser la mitad de la población, antes de la pandemia las mujeres conformaban solo el 38,36% de la población ocupada del país; y solo la mitad de las mujeres en capacidad y edad de trabajar, participan del mercado laboral. Es decir, tenemos un bono de género muy significativo cuyo impacto podría ser tan determinante que, según el PEN, si todas las mujeres desempleadas o que podrían trabajar, tuvieran empleo, la pobreza bajaría al 11%; es decir, a la mitad de lo que era antes del COVID.
La brecha salarial en Costa Rica ronda el 15%. En sectores como servicios y comercio, las mujeres ganan hasta 24.2% menos que los hombres. La pandemia, sin duda, exacerbará las barreras y las distancias. Las investigaciones citadas por los panelistas demuestran que las brechas no se deben a menor nivel educativo ni al tipo de puesto; se deben principalmente a discriminación por género derivada en sesgos implícitos subyacentes.
Las mujeres costarricenses están más preparadas que los hombres. Son el 60% de las personas graduadas a todos los niveles del sistema educativo; y, contrariamente a la creencia popular, son el 53% del total de graduados en carreras de ciencia y tecnología. Sin embargo, múltiples barreras sistémicas (familiares, sociales, culturales, económicas, etc.) dificultan el acceso, la permanencia y el ascenso de la mujer en el ámbito laboral hacia puestos de mayor responsabilidad, decisión y remuneración.
El vertiginoso aumento del desempleo y del subempleo de los últimos meses ha afectado más a las mujeres que a los hombres. Además de los trabajos en la economía informal, los sectores más golpeados son aquellos con fuerte participación laboral femenina como servicios, comercio, atención al cliente, hotelería y alimentación.
Aparte de la precariedad económica, la falta de empleo formal condena a infinidad de mujeres a una deficiente atención en salud y a no tener una pensión en el futuro, lo que acrecienta su dependencia de su pareja, de familiares y/o del Estado. Por otra parte, más mujeres en la fuerza de trabajo formal ampliaría la base de contribuyentes al sistema de seguridad social, por citar solo uno de los beneficios.
Otra consecuencia del coronavirus es una notable recarga de trabajo sobre las mujeres. En tiempos normales, ya dedicaban semanalmente 22 horas más que los hombres a labores domésticas no remuneradas. Tras el cierre de centros educativos, hoy deben atender a los hijos todo el día, hacer las labores del hogar y de cuidado de adultos mayores u otros familiares, además del trabajo remunerado (las que cuentan con la suerte de tenerlo).
El costo de la inequidad de género no solo perjudica a las mujeres. Y los beneficios de la equidad no solo las favorecen a ellas. Está probado que mayor equidad hace a las economías más resilientes, produce más crecimiento económico y progreso social. Según un estudio del FMI de 2019, cerrar las brechas en los países con mayores inequidades en las tasas de participación laboral entre mujeres y hombres, podría incrementar el Producto Interno Bruto en promedio un 35%.
Según datos del BID, la reducción de la pobreza en América Latina en los primeros 14 años de este siglo, se debió en buena parte al aumento de los ingresos de las mujeres por su incorporación al trabajo remunerado, y a que ellas invierten más en alimentos, salud y educación para los hijos. Los hogares jefeados por mujeres solas tienen mayor riesgo de pobreza (31% más alto que los hogares de jefatura masculina), por lo que invertir en ellas reduce la transmisión intergeneracional de la pobreza.
La mayor presencia femenina en cargos de decisión dentro de las empresas, ha probado tener un retorno de 42% sobre las ventas y 66% de retorno sobre rentabilidad (CEPAL, 2017). Es decir, hay una correlación entre el desempeño y el valor de mercado de las empresas y la participación de mujeres en roles de liderazgo.
En Costa Rica solo 27.5% de las mujeres que forman parte o trabajan en cualquier tipo de organización, ocupa cargos de dirección; solo 36.7% de los puestos de directiva y gerencia son de ocupación femenina. Donde más participan y dirigen es en organizaciones religiosas o de beneficencia.
En el ámbito político, varias reformas legales y resoluciones permitieron alcanzar la representación política paritaria en el Legislativo. Pero no sucede igual a nivel de alcaldías, a pesar de que las mujeres tienen gran presencia en las organizaciones comunales. Los partidos políticos siguen fallando en la apertura de espacios y la promoción de liderazgos femeninos, desaprovechando los probados beneficios sociales de contar con mayor diversidad en la decisión de políticas públicas.
Es prioritario direccionar apoyo, oportunidades y recursos para superar las barreras estructurales, de modo que miles de mujeres se incorporaren, permanezcan y asciendan en la fuerza laboral, en condiciones equitativas con sus pares masculinos. Las políticas de inserción y reinserción laboral deben diseñarse teniendo en cuenta la diversidad de perfiles de la mujer desempleada y las necesidades de los diferentes sectores de la economía y regiones del país. Se deben ampliar los programas de capacitación y actualización de conocimientos duros y habilidades blandas para facilitar el acople entre las mujeres y el mundo del trabajo.
En el ámbito de la educación, es necesario incorporar la sensibilización para la diversidad y la inclusión y concientizar sobre los sesgos implícitos que son, al fin y al cabo, lo que subyace a los obstáculos sistémicos, la discriminación y las diversas formas de violencia contra la mujer.
Además de ampliar el acceso a la tecnología, hay que hacer un esfuerzo por alfabetizar digitalmente a las mujeres para generar empleabilidad; de lo contrario, la brecha tecnológica seguirá profundizando las brechas de género. Según datos recientes del INEC, el 60% de las mujeres se conecta a internet principalmente desde su casa y a través de un celular. Solo 51% había usado una computadora durante los primeros 3 meses de este año.
Como en muchos países, el Estado costarricense puede crear incentivos fiscales y no fiscales para que las empresas quieran contratar y retener mujeres, así como apoyar los esfuerzos y buenas prácticas de equidad de género que ya aplican muchas organizaciones. La crisis le ofrece a Costa Rica una oportunidad de saldar una deuda histórica con las mujeres, mejorando su calidad de vida, a la vez que promovemos crecimiento económico y progreso social.
Publicado en La Nación del 11 de julio de 2020.
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