Latinoamérica no está viviendo su mejor momento democrático. En medio de ese escenario tan preocupante, Costa Rica sigue distinguiéndose por la calidad de su democracia en evaluaciones como el Índice Democrático que realiza la Unidad de Inteligencia de The Economist. Sin embargo, en ese mismo Índice puntuamos bajo en el componente que evalúa la participación ciudadana en política y en partidos. Esto parece un contrasentido frente al anuncio de que más de 25 partidos postularán candidaturas a la presidencia de la República y otros tantos postularán listas de candidaturas para las 57 diputaciones. ¿Cómo compaginar la baja participación ciudadana en política con la híper producción de partidos políticos?

Tal vez la respuesta está en la baja confianza que, según el Latinobarómetro, el CIEP y otras mediciones, tenemos en nuestras instituciones democráticas, en particular en los partidos políticos, el Congreso y el Gobierno. ¿Será que, como desconfiamos, creamos nuevos partidos en vez de crear mecanismos de rendición de cuentas y de fortalecimiento ideológico de los que ya existen, que no son pocos?

En buena parte de países latinoamericanos elegimos a los representantes ante el Congreso, mediante sistemas proporcionales por listas cerradas y bloqueadas propuestas por los partidos. Por ende, la ciudadanía tiene escasa injerencia en la alineación de esas listas por las que debemos votar para conformar la Asamblea Legislativa.

Otra cosa que tenemos en común con nuestras naciones hermanas latinoamericanas es la falta de procesos rigurosos de revisión de antecedentes y de selección de las candidaturas a lo interno de los partidos políticos. Según un estudio realizado por los Drs. Kevin Casas y Tomás Quesada, en nuestra región los partidos tienen pocos filtros y siguen procesos informales y flexibles de selección de quienes postulan a cargos de elección. En consecuencia, escrutar la trayectoria y las competencias de las personas candidatas queda fundamentalmente en manos de la prensa.

Es decir, tenemos muchos partidos políticos, que no nos inspiran confianza, que construyen las listas electorales más o menos en petit comité mediante mecanismos de selección poco exigentes y rigurosos. ¿Qué podría salir mal? 

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), consciente de que la transparencia y la información electoral fortalecen la democracia y contribuyen a restituir la confianza ciudadana en el proceso electoral y en la institucionalidad, ha venido haciendo un esfuerzo por traer luz a las campañas electorales. Al menos desde 2010 el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del TSE,  ha asumido la tarea de recolectar la biografía de los candidatos y candidatas y los planes de gobierno, con el fin de hacerlos públicos a través de su plataforma en línea. El esfuerzo implicaba consultar por distintos medios formales e informales, con insistencia, a cada uno de los partidos o/y a las personas candidatas. Muchas veces las respuestas solo se daban como resultado de la presión de la prensa nacional. Por otro lado, la información no se suministraba siempre completa, ni en un formato estándar, lo que hacía que la información publicada fuese incompleta e irregular.

La Asociación Poder Ciudadano ¡Ya! detectó el vacío legal que dificultaba esa labor del IFED. Un absurdo en una democracia antigua y respetable como la nuestra. Ese vacío atentaba contra los principios de transparencia, acceso a la información y publicidad que deben ser intrínsecos a un sistema democrático. Para remediarlo presentamos un proyecto de ley, llamado “Mayor Información y Transparencia Electoral” que dispone la obligación legal de que al momento de la inscripción de sus candidaturas para diputaciones, presidencia y vicepresidencias, los partidos suministren una breve biografía de cada persona y su respectiva fotografía.  En el caso de las candidaturas a la presidencia de la República, además deberán entregar el plan de gobierno. El formato de entrega será definido por el Tribunal Supremo de Elecciones vía reglamento. Esta disposición legal no impone nuevos requisitos para ser diputado o diputada, sino que se mantienen inalterados  los requisitos establecidos en la Constitución Política.

La obligación de proveer y publicar dicha información y el consiguiente escrutinio ciudadano,  tienen el potencial de mejorar las decisiones internas de nominación de candidaturas por parte de los partidos políticos. Asimismo, esperamos que transforme la cultura electoral una vez que la ciudadanía se apropie de su poder de escrutinio y ejerza su voto de manera más consciente, informada y crítica.

Un electorado informado es como una póliza de seguro para la democracia.

El derecho a conocer las calidades y trayectoria de quienes se postulan para ocupar cargos públicos de elección popular es un derecho fundamental y facultativo de la ciudadanía. Es parte del derecho al acceso a la información pública, internacionalmente reconocido y componente esencial del Estado de Derecho.

La publicación de esta información no es garantía de que los partidos de inmediato escogerán mejor a sus aspirantes, ni de que la ciudadanía sea automáticamente más exigente y selectiva.  No obstante, es un incentivo para que los partidos depuren sus procesos de selección y para que se desarrolle una cultura política más activa,  informada y exigente por parte de la ciudadanía.

El expediente de Mayor Transparencia e Información Electoral ha impuesto varios récords para ser un proyecto de origen ciudadano. Fue acogido por más de 20 diputados, convocado por el Ejecutivo y votado  favorablemente en primer y segundo debate, de forma unánime. Un pequeño fallo tecnológico que impidió que el TSE recibiera la consulta obligatoria sobre el expediente, obligó a retrotraer el proceso al inicio, para garantizar la legalidad. Por esa razón fue convocado de nuevo, esta vez en sesiones ordinarias, con anuencia de todas las fracciones; recibida la respuesta positiva del TSE, otra vez se votó por unanimidad en primero y segundo debate. El 25 de agosto fue refrendado por el Presidente Alvarado y el 26, tras la publicación en La Gaceta, se convirtió en ley de la República.

Eso significa que para las próximas elecciones de febrero del 2022, por primera vez, contaremos con la información y la transparencia suficientes para ejercer un voto informado, lo cual pareciera que será fundamental dada la sobreoferta de candidaturas que se anticipa.

Además, esta nueva ley es un recordatorio de que si se lo propone, la ciudadanía sí puede incidir en la toma de decisiones, sí puede proponer reformas y lograr cambios. 

Artículo publicado en La Nación, el 3 de septiembre de 2021.

Otros artículos de la autora sobre reformas electorales:

Seguir siendo audaces  10/02/2020

El predio de evadir la reforma electoral 27/10/2019

Más y mejor representatividad 11/02/2019

Por qué reformar el sistema de elección de diputados  13/02/2019