Adaptabilidad del servicio educativo.

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08/08/2021

El augurio de más pandemias y el cambio climático son solo dos de los factores que nos obligarán a desarrollar mayor capacidad de adaptación y resiliencia.

Cada país, gobierno, organización y persona mostró su propio ritmo de adaptación al embate de la pandemia por Covid-19. Esta visibilizó las flaquezas preexistentes y nos presentó nuevos desafíos. También desnudó grandes disparidades de liderazgos y de capacidades entre los países, para pasar de la parálisis e inacción de los primeros meses, a la adaptación y la gestión de la crisis.

Los sistemas educativos del mundo fueron uno de los sectores más retados con la crisis sistémica, ya convertida en sindemia. Por ser la educación pilar fundamental del desarrollo humano y del progreso social y económico, actuar rápidamente y hacer ajustes, es particularmente importante. En Costa Rica el sistema educativo es, además, la puerta de contacto de las franjas más vulnerables de la población con el Estado de bienestar, y es el factor determinante para la movilidad social y la lucha contra la pobreza.

La relación estudiante-docente es un puente clave para identificar y atender tempranamente diversas necesidades y riesgos sociales que sufren miles de nuestros niños y niñas. Por ende, el servicio educativo de primaria no solo sirve para garantizar el derecho a la educación, sino también el desarrollo y bienestar integrales de esa población.

Las decisiones tomadas por los Ministerios de Salud y Educación como respuesta a la pandemia implicaron el cierre total de centros educativos por un periodo sumamente prolongado, y cambios en la forma de recibir educación: primero a distancia y, este año, en modalidad combinada. La cotidianeidad cambió, además, debido a las múltiples restricciones que incluyeron cierres de espacios públicos para el esparcimiento, como parques y lugares de juego. También se suspendió la intervención anual por parte de los EBAIS en las escuelas para la revisión de talla, peso y estado general de salud.

La Contraloría General de la República realizó una auditoría sobre la eficacia y efectividad de las acciones del MEP en el contexto de la pandemia, para la adaptabilidad, accesibilidad y seguimiento del servicio de educación primaria, que cubre a más de 400,000 estudiantes. La evaluación abarca de marzo del 2020 a junio de este año.

En el primer reporte publicado, enfocado en la adaptabilidad del servicio, la CGR examinó la capacidad de las estrategias “Aprendo en Casa” y “Regresar” para cumplir tres objetivos: los canales de apoyo a la mediación pedagógica, las acciones para promover la adaptabilidad docente y aquellas acciones tendientes a asegurar los aprendizajes básicos en la población estudiantil de primaria.

A partir de marzo del 2020 el MEP robusteció la plataforma digital de comunicación, creó cuentas de correo electrónico a cada estudiante, diseñó guías de trabajo para la educación a distancia y bimodal, desarrolló material de lectura digital y videos pregrabados, y recurrió a medios complementarios como la radio y la televisión. Ofreció pautas orientadoras, múltiples talleres y capacitaciones al personal docente, y creó una Caja de Herramientas virtual con diversidad de recursos didácticos, entre otras medidas. El esfuerzo es encomiable, pero, ¿tuvo el alcance e impacto necesarios?

La mayor responsabilidad de continuar de alguna forma el servicio educativo recayó sobre los directores de escuelas y, principalmente, sobre las personas docentes, con altas dosis de adaptación para poder ejercer su labor en formatos digital, a distancia y bimodal.

El MEP carece de datos fehacientes sobre las condiciones de conectividad y equipo de las personas educadoras y desconoce la frecuencia de uso de los diversos medios que se habilitaron para la educación a distancia.

En diciembre pasado se hizo una consulta al personal docente sobre “Aprendo en casa TV”, pero solo respondió el 0.5% del total – ¿A qué se debió ese ínfimo nivel de respuesta? -. Más allá de que es una muestra irrelevante, la consulta arrojó resultados desalentadores: 36,2% de quienes respondieron no habían visto los programas y 18% no los promovió entre sus estudiantes. Según la Contraloría, no se ha dado seguimiento a esos resultados para realizar ajustes del servicio. Asimismo, cabe preguntarse por qué no se han hecho más consultas.

La última evaluación del Ministerio sobre el uso de la plataforma digital de comunicación y otros medios tecnológicos por parte de los docentes, ya cumplió un año. A pesar de que reveló un uso dispar e insuficiente, no se han definido ni implementado acciones de monitoreo y corrección.

La falta de conectividad y la carencia de equipo adecuado en miles de hogares, hizo que las Guías de Trabajo Autónomo se convirtieran en la herramienta más importante de mediación y de aprendizaje. Estas guías se entregaron principalmente en formato físico e, incluso para el alumnado con conexión y dispositivos, el impacto de otros medios sincrónicos o asincrónicos fue bajo.

Uno de los resultados más preocupantes de la auditoría es que las acciones tomadas para adaptar el servicio no compensaron las enormes disparidades preexistentes entre las zonas urbanas y las rurales, indígenas, limítrofes e insulares. Además de las Guías de Trabajo Autónomo, en estas zonas el rol de las personas docentes ha sido determinante, pero insuficiente, dadas las condiciones de por sí precarias para la enseñanza y el aprendizaje. Las múltiples brechas estructurales se profundizarán, y en algunos casos podrían resultar insuperables, si no se hacen intervenciones urgentes.

En el actual estado de cosas, es cardinal definir metas de aprendizaje y remediación, y el correspondiente plan de evaluación. Con “Regresar”, puesta en práctica este año, el MEP delegó en el personal docente las estrategias y ajustes para desarrollar el programa de estudio de cada asignatura. Dispuso que deben conjugar los conocimientos del 2020 y 2021 y planificar la secuencia pedagógica hasta el 2022. Sin embargo, el Ministerio carece de mecanismos para dar seguimiento y evaluar el proceso de ejecución de estas acciones por parte de cada docente, en cada nivel y asignatura, en cada centro educativo.

Sabiendo que la sindemia está lejos de terminar y que no faltarán eventos naturales disruptivos, como las inundaciones que cada año asolan varias regiones del país, es fundamental fortalecer la capacidad de adaptarse para asegurar efectivamente la continuidad educativa. Las pérdidas que esta generación de estudiantes está sufriendo, son muy graves en términos de las oportunidades de desarrollo personal, y además pueden comprometer el desarrollo social y económico del país por al menos dos décadas.

Es evidente que hay una gran diferencia entre la capacidad planificadora y la capacidad de ejecución del MEP. Esto puede deberse, en parte a la dimensión colosal del ministerio y la débil conexión y comunicación entre el centro planificador-decisor y las decenas de miles de brazos ejecutores.

Por otra parte, el ministerio no puede continuar trabajando a tientas. La falta de medición y de datos en los aspectos citados, impide a las autoridades educativas realimentar el proceso, verificar la pertinencia, cobertura y utilidad de las medidas implementadas, y hacer los ajustes necesarios para lograr la adaptabilidad del sistema educativo y para cumplir el mandato constitucional de educación.

Adicionalmente, la adaptabilidad del sistema para garantizar el derecho a la educación de calidad de forma equitativa e inclusiva, pasa por tomar en cuenta de forma diferenciada el contexto demográfico, de infraestructura, de ubicación geográfica, de situación epidémica y otras condiciones propias de cada centro educativo y cada comunidad educativa.

Publicado en la Página Quince de La Nación el