El anuncio de la llegada de las primeras vacunas a Costa Rica trajo luz al final del túnel del 2020. Pero es iluso pensar que la vacuna o los tratamientos para el virus resolverán nuestros problemas. Para empezar, la inmunización probablemente tomará todo el 2021 y durante ese proceso, habrá que lidiar con las nuevas cepas, mucho más contagiosas.

Además, la pandemia desnudó las fortalezas y debilidades de cada sociedad y gobierno del mundo para lidiar con grandes crisis, y profundizó los problemas estructurales que ya se arrastraban.  Puso a prueba el grado de resiliencia de todos los países, independientemente del sistema de gobierno. Naciones democráticas como Nueva Zelanda, Uruguay y Taiwán mostraron alta capacidad de gestión, mientras otras, como Estados Unidos y México, fallaron vergonzosamente. Países autoritarios como China controlaron la situación bastante bien -en gran medida a costa de las libertades individuales-, mientras otros empeoraron la ya trágica situación de sus pueblos, como Venezuela o Cuba.

Como bien apuntó el reconocido científico William Hasseltine, se desafió no solo el sistema sanitario, sino otras tres áreas fundamentales para la estabilidad y el crecimiento de las naciones: el liderazgo, la gobernanza y la solidaridad social. El balance general en el mundo entero es negativo y la recuperación tomará años.

En Costa Rica, la ya frágil situación fiscal y financiera más el impacto multi-sistémico de la pandemia, desbordaron la capacidad de gestión del gobierno, que ya de por sí daba muestras de desgaste y desorientación al inicio del 2020. La atracción y desarrollo de la inversión extranjera fue prácticamente la única actividad que, no solo resistió la crisis del coronavirus, sino que creció y generó miles de empleos.

Hasta ahora, nuestro aparato de salud ha enfrentado la emergencia con relativo éxito, gracias a la capacidad instalada de la Caja de Seguro Social y al excelente personal sanitario; pero ha sido en detrimento de los servicios de atención primaria, emergencias, cirugías, la fundamental intervención que se hace anualmente en las escuelas, y otras actividades primordiales. Esa factura la pagaremos inevitablemente en los próximos años, tal vez hasta con la caída en algunos indicadores de desarrollo humano. Por otra parte, los graves indicios de corrupción en la compra de implementos de protección para el personal de salud, exhibió lo peor de nuestra dimensión ética (por dicha los inescrupulosos siguen siendo minoría), y las debilidades arraigadas en el sistema de compras públicas, que son harto conocidas desde hace años, pero no ha habido voluntad política para resolver.

Aquello en lo que nos enfocamos determina lo que dejamos de atender, dice Brian McLaren. Es entendible el enfoque concentrado en el aspecto sanitario durante la fase de emergencia de la pandemia. Haberlo mantenido a lo largo de la fase de adaptación produjo efectos multidimensionales de largo impacto. Por ejemplo, se profundizaron las desigualdades a todo nivel: el desempleo femenino se disparó mucho más que el masculino y las mujeres vieron sus días recargados aún más con labores no remuneradas (principalmente debido al cierre de escuelas); por la desigual conectividad y tenencia de tecnología apropiada, los estudiantes de centros privados tuvieron más y mejor acceso a contenidos educativos que los de centros públicos; el desempleo y subempleo fueron mayores en las franjas de población menos calificadas y de menores ingresos; con la caída del turismo, las regiones costeras se empobrecieron más que la región central; las empresas grandes resistieron mejor que las pequeñas, muchas de las cuales cerraron; y así podría seguir enumerando situaciones.

La experiencia que vivimos en el 2020 es lo más parecido a una guerra o a una devastación de orden natural. Como tal, demandaba capacidad de liderazgo adaptativo de parte de cada persona y, muy especialmente, de los jerarcas gubernamentales; altas dosis de destrezas técnicas, así como de las habilidades para amalgamar a toda la nación en torno al propósito común de resistir la calamidad y seguir adelante, preservando el tejido social y fortaleciendo los vínculos de confianza entre el pueblo y la institucionalidad. Mi percepción es que la administración Alvarado no logró ese objetivo.

Entramos al año del bicentenario de nuestra independencia y año pre-electoral, sin un rumbo claro y en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica. A la vez que afronta la crisis fiscal y la deuda, el gobierno, en conjunto con la sociedad, tiene la monumental tarea de tratar de reparar los daños en todas las áreas, para ir recuperando calidad de vida. Al menos durante este año, el Estado, el sector privado y los segmentos de mayores ingresos de la sociedad, deberán mantener en alguna medida las transferencias y esfuerzos solidarios desplegados durante el año pasado.

Por otra parte, Costa Rica debe empezar cuanto antes a cimentar su resiliencia; debemos “resetear” nuestras prioridades para tener la capacidad de hacer frente a futuras crisis sistémicas como otra pandemia o el cambio climático, sin quedar devastados. El reto supera la habilidad, y también el tiempo que queda de este gobierno, por lo que dicha responsabilidad recae en toda la nación. Enunciaré algunas áreas que considero preponderantes para transformarnos en una sociedad más resiliente.

En el 2020 adquirimos infinidad de aprendizajes y de nuevas capacidades que deben pasar a ser la norma y expandirse. La rápida adaptabilidad que tuvimos que desarrollar en todas las áreas, debe aprovecharse para mejorar el funcionamiento y evaluar la pertinencia, la eficiencia y eficacia de todos los entes públicos. En salud, es necesario retomar cuanto antes las actividades que se han suspendido por la atención de la epidemia, e invertir en la digitalización y la tele-medicina.

Debemos restituirle a la educación su valor como eje central de desarrollo. Regresar a las aulas es una parte esencial de la compensación del daño y de la restitución de un derecho humano fundamental; pero no es suficiente. Nuestro sistema educativo requiere una intervención profunda tanto en su forma de organización como en los contenidos y en cómo los ofrece. Además, no podemos permitir que el crimen organizado siga captando parte de la población estudiantil. Y, para hoy mismo, se debe invertir urgentemente en alcanzar 100% de conectividad y alfabetización digital en centros educativos y hogares.

La desigualdad de género debe ser abordada de forma transversal en el sector público y posicionarse como objetivo nacional (ya es parte de los Objetivos de Desarrollo de ONU suscritos por el país, pero aquí no se ha abordado de forma integral); está probado que las sociedades más equitativas son más resilientes y sus economías crecen a mayor ritmo.

La transformación digital del gobierno debe continuar, para expandir la oferta de servicios digitales. Naturalmente, esto debe ir acompañado de la eliminación de trámites ya iniciada. Las alianzas público privadas son hoy aún más necesarias para desarrollo de obra pública y prestación de diversos servicios; debemos dejar atrás los prejuicios ideológicos y crear las condiciones que garanticen su buena ejecución en pos del progreso y la competitividad del país. Es necesario aumentar la exigua inversión en investigación y desarrollo, en alianza con el sector productivo, para garantizar que la innovación resultante responda a necesidades productivas y sociales reales.

Uno de los mayores retos es mejorar los procesos de toma de decisiones para que sean oportunos, ágiles, pertinentes y que emparejen el desarrollo de todas las regiones del país. Esto pasa por la largamente postergada reforma del Estado, reorganizar las fuentes de poder dentro de la institucionalidad, mejorar la coordinación interinstitucional, y basar toda política pública en datos transparentes y constantemente actualizados. La Asamblea Legislativa debe adoptar mejores prácticas para que la administración y las elecciones internas no entorpezcan la labor principal del Parlamento, entre otras medidas. Hay que retomar el debate sobre la reforma electoral que permita legislar con visión inter-temporal, aprovechar la experiencia y la especialización de los legisladores y mejorar la representación política.

He dejado para el final la que podría ser la más importante y compleja de las prioridades: restaurar la confianza en las instituciones y la interpersonal (según el Latinobarómetro Costa Rica reporta una de las más bajas tasas de confianza interpersonal del continente). Los recientes eventos en el Capitolio estadounidense son un ejemplo de lo que puede suceder cuando se cultivan la desconfianza y la polarización de las sociedades. Ese riesgo es particularmente peligroso, y altamente probable, en año pre-electoral. La vacuna que necesitamos para eso no viene en una jeringa. Estamos avisados.

Artículo publicado en Página Quince de La Nación, del 13 de enero de 2021.

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