No parece que Estaban Ramírez le haya dejado nada al azar en su película Presos. Lo confirma el nombre de la protagonista: Victoria. Una joven que en cierto punto de la historia se parte en dos: una que conserva la conciencia que al final la salva, y otra que poco a poco se va convirtiendo en su propia enemiga, que la empuja por curiosidad y por el hastío de una relación demasiado larga y predecible, y que la hunde cada vez más en las arenas movedizas de la aventura redentora que encarna Jason, a quien se propone salvar para darle sentido a su propia existencia. Finalmente no son las advertencias de otros, sino su parte sensata la que la libera de las culpas que va acumulando con cada decisión que toma. Presa de una historia familiar que la marcó y de sus propias acciones, Victoria se coloca a punto de engrosar la lista de mujeres que por diversos motivos (pobreza, ignorancia, violencia, alguna forma de sometimiento) se envuelven en actos ilícitos derivados de sus relaciones sentimentales o familiares, como novias, esposas, madres o hijas.

El creciente involucramiento de mujeres en el microtráfico de drogas es un grave desafío que supera el ámbito de la justicia penal para convertirse en una seria problemática social. Son varios los roles que juegan las mujeres en este tipo de delitos; según el Documento Informativo del IDPC (Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas por sus siglas en inglés) de octubre de 2013, quienes lo conciben como un “trabajo”, no pasan de ser el eslabón más frágil y mal remunerado de una lucrativa red criminal conformada por internos, personal de seguridad y traficantes que operan fuera de las cárceles. A menudo también son mujeres las “enganchadoras”, que buscan a mujeres en condiciones de extrema necesidad para incitarlas a salir de su situación con el negocio de las drogas.

La pobreza es una de las principales causas. En Latinoamérica, las mujeres son mayoría en las categorías de desempleo y subempleo, lo cual va en aumento. En Costa Rica, según datos del Estado de la Nación, las mujeres jóvenes con educación incompleta, que viven en zonas urbano marginales, que tienen a cargo niños o adultos mayores, y que no tienen una pareja estable, son uno de los grupos más vulnerables de la sociedad y, de rebote, lo son sus hijos y otras personas dependientes de ellas. En los últimos 20 años se ha duplicado la cantidad de hogares pobres jefeados por mujeres, que hoy son aproximadamente el 40% del total de hogares pobres del país (por encima del 33% mundial). No es raro entonces que participar en el negocio de las drogas sea visto por muchas de ellas como una de varias formas de adaptación posibles para sobrevivir y alimentar a su prole.

La población femenina privada de libertad es minoría, pero en crecida, lo cual se explica en parte precisamente por su participación en delitos relacionados con tráfico de drogas. En Costa Rica, según datos de 2014, el porcentaje femenino de la población penitenciaria es de 7.1% (superior al promedio de 6% en América del Sur). Aproximadamente el 64% de las reclusas cometieron delitos relacionados con drogas, muchas de ellas por tratar de introducir droga en las cárceles masculinas; en su mayoría son primodelincuentes, de entre 25 y 35 años, con educación incompleta, solteras o en unión libre, madres de varios hijos y casi siempre las únicas cuidadoras y proveedoras de sus familias. Cuando las reclusas son madres, la separación de sus hijos tiene implicaciones severas para su salud mental, contribuye a la desintegración familiar y a menudo a la institucionalización de los niños.

En nuestro país hasta 2013 toda conducta relacionada con la producción y comercialización de drogas ilícitas era considerada delito grave y penada con un mínimo de 8 años de cárcel, sin importar el tipo de infracción o las condiciones particulares de la persona sentenciada. En agosto de ese año, se aprobó una reforma a la Ley Nº 8204 sobre Estupefacientes, Psicotrópicos y drogas de uso no autorizado, que introdujo criterios de proporcionalidad y especificidad de género para disminuir las penas privativas de libertad a mujeres en condiciones de vulnerabilidad que introduzcan drogas a un centro penitenciario de hombres.

La reforma además permitió que se les impongan medidas alternativas como estadía en centros de confianza, libertad restringida o hasta el beneficio de cumplir la pena en su casa, a aquellas que vivan en condición de pobreza, sean jefas de hogar o adultas mayores en condición de vulnerabilidad, o tengan a su cargo a menores de edad, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

Se reconoció así que el problema social que se produce al mantener a esas mujeres en prisión es mucho mayor que el costo que asumiría el mismo Estado si se implementaran políticas socioeconómicas que les diera las herramientas necesarias para salir adelante sin necesidad de caer en este tipo de ilícitos. Hemos entendido la necesidad de que las políticas públicas en estos casos tengan un enfoque basado en los derechos humanos, en las personas y sus circunstancias y en la prevención, más que en el castigo.

El crescendo angustioso de la lucha y la dolorosa salvación de la joven, excelentemente interpretada por Natalia Arias, es sólo una de las muchas victorias de Presos. La película ofrece material riquísimo para analizarla desde otros ángulos, como puede ser la historia de Jason, la de su madre o la de su pequeña hija cuyo futuro no tiene un buen augurio. O el problema ya comentado de la sobrepoblación carcelaria y de las escasas oportunidades de rehabilitación de los reclusos. Presos debería proyectarse obligatoriamente en todos los colegios del país, para que nuestros jóvenes miren dentro de una cárcel real y vean cuántos caminos posibles hay para terminar en una. Y para que tomen conciencia de que todas las personas, hasta las bien intencionadas, pueden terminar presas de sus propias decisiones y pagar un precio muy alto por estas.

Abril Gordienko, 19 de septiembre de 2015.